POBRES Y FUNCIONARIOS

Josep Antoni Durán i Lleida: “El problema es si la sociedad pretende que al Congreso venga simplemente gente que no tenga propiedad, si pretende la sociedad que esta Cámara sea de funcionarios y de gente pobre, porque si es así, vamos por el mejor de los caminos”.

Lo reconozco, siempre he sentido una cierta insatisfacción profesional. Porque pese  a que terminé mi carrera con un buen expediente y pese a que en la juventud exploré otros caminos más aventurados, finalmente he acabado como funcionario de medio pelo en una biblioteca universitaria. Un destino profesional no demasiado brillante y, lo que es peor, con pocas expectativas. Supongo por tanto que, a juicio de Durán i Lleida, no merezco formar parte de esa élite llamada a representar al pueblo en las cámaras parlamentarias. No al menos si se me juzga por mis emolumentos y mi condición funcionarial. La verdad es que nunca he sentido la llamada de la política pero a uno, por muy asumida que tenga su medianía en el escalafón social, no le gusta que le digan que ni aun por mucho empeño que pusiera llegaría a reunir condiciones para entrar merecidamente en la cosa publica. Es como recordarnos (a los pobres y a los funcionarios) que nuestra mediocridad económico-laboral es consecuencia directa de nuestra ineptitud.

No voy a entrar en el tono peyorativo hacia el funcionariado que obviamente denota la frase del político catalán, hay algo que asusta mucho más: es ese espíritu aristocrático que recuerda al de un senador de la antigua república romana y que liga la competencia política con la fortuna personal. Ni el mismísimo Cicerón lo habría expresado con mayor claridad. Según el argumento de Durán i Lleida poseer una trayectoria profesional lucrativa (lo que generalmente implica provenir del mundo de la empresa) es lo que mejor acredita tu capacitación para la vida parlamentaria. Esto por supuesto excluye a la inmensa mayoría de los empleados públicos y asalariados del sector privado. ¿Qué nos queda? No hace falta responder, pero vamos a ponerlo por escrito: directivos de empresa, profesionales liberales de prestigio y, excepcionalmente, algunos funcionarios de incuestionable valía (médicos, jueces, catedráticos…). O sea, la aristocracia superpuesta a la democracia.

Seguramente el nivel de nuestros diputados y senadores no es precisamente brillante; al contrario, la clase política española ha dado sobradas muestras de incompetencia técnica y falta de ética personal. Pero dudo que ninguna de estas dos variables (la meramente técnica y la de índole moral) quede positivamente condicionada por el hecho de disfrutar de buenas nóminas y prósperos patrimonios. El mérito no va necesariamente ligado al dinero de igual manera que el talento y la aptitud no están reñidos con la irrelevancia profesional.  Como decía hoy Maruja Torres en El País, sabemos muy bien qué clase de políticos no queremos en los parlamentos y muchas veces esa clase de políticos indeseables coincide con exitosos empresarios o profesionales de fulgurante trayectoria (no vamos a dar nombres). En el episodio que nos ocupa, la pataleta de Durán i Lleida me recuerda a la jactancia de ciertos políticos que demuestran su sacrificio por la nación manifestando que su oficio representativo les reporta mucha menor ganancia que la que obtendrían por sus méritos profesionales en cualquier otra actividad. A unos cuantos de estos les agradeceríamos que renuncien al sacrificio, abandonen la política y retornen a sus quehaceres privados. Todos ganaríamos, aunque les sustituyera algún pobre o algún funcionario.

+Info: La salida de tono del político de CiU tiene relación con una iniciativa parlamentaria para que los diputados declaren públicamente sus patrimonios. La  matización que expone en su blog  (Privilegis dels polìtics) no acaba de limpiar el tono elitista que denotan las frases transcritas por la prensa: véase la noticia en El Correo y en El Periódico (con un vídeo en el que se escucha el comentario polémico).