Justo la misma semana en la que el Tribunal Constitucional da a conocer su sentencia sobre el Estatut, el Parlament de Catalunya aprueba por abrumadora mayoría la nueva ley del cine, que entre otras cuestiones obliga a proyectar en catalán la mitad de las copias dobladas o subtituladas de otros idiomas extranjeros. Los distribuidores y los exhibidores, que ya hicieron una particular huelga por esta cuestión el pasado mes de febrero, se han tomado muy mal la nueva ley que, auguran, perjudicará severamente al negocio del cine en Cataluña abocando a muchas salas al cierre. Los militantes de la Plataforma per la Llengua, contrariamente, se felicitan por la nueva reglamentación. Los primeros han advertido de una consecuencia que posiblemente se derivará de la aplicación de la ley: las grandes productoras norteamericanas, que copan una buena parte de la taquilla, exhibirán sus películas sólo en lengua original, ni subtituladas ni dobladas, ni en catalán ni en español, solo en inglés, y punto. Supongo que en el British Council estarán frotándose las manos solo de pensar el impulso que esta tesitura supone para la lengua inglesa, cuyo conocimiento se extenderá forzosamente en Cataluña a la misma escala que, pongamos, en Finlandia o Dinamarca, donde hasta las bisabuelas nonagenarias hablan con fluidez en la lengua del Imperio. Una buena noticia también para las academias de idiomas, encargadas de garantizar que las presentes y futuras generaciones puedan seguir yendo al cine. Por último, quizás suponga también una excelente oportunidad para aquellas cinematografías dispuestas a pasar por el aro del doblaje bilingüe: quién sabe, puede que de aquí a unos años los mayores taquillazos en Barcelona sean obras de la última hornada de realizadores búlgaros (eso sí, subtituladas en catalán).
Poniéndonos serios, la política debería estar al servicio de los anhelos de los ciudadanos. Dicho de otra manera, la administración debería dedicarse a procurar que la gente tenga eficazmente resueltas sus necesidades, que obtenga lo que precisa y por tanto demanda. Esto generalmente implica obviar las cuestiones simbólicas, que a la postre son sin embargo las que con más facilidad excitan nuestras pasiones, lo que obviamente tiene mayor rendimiento electoral. Quizás haga falta recordar que muchos de los debates domésticos catalanes que más repercusión mediática han tenido últimamente poseen ese transfondo simbólico: los toros, el burka y ahora el doblaje de las películas. En cierta forma ha pasado también con mismísimo Estatut, aprobado en un referéndum en el que participó menos de la mitad del electorado. Dudo que estas sean, ni de lejos, las principales preocupaciones de las personas.
En el asunto que nos ocupa, ¿de verdad la población catalana estaba demandando con tanto ahínco cine en lengua vernácula? Porque si así fuera yo creo que el propio mercado lo evidenciaría sin necesidad de establecer cuotas o reglamentos, es decir, sin necesidad de que la administración interviniera en ello más allá de lo estrictamente necesario para garantizar una oferta que satisficiera la demanda real. Pero una vez más, y en esto los catalanes van camino de ganarnos a los vascos, lo que está en juego es la cuestión identitaria. En este sentido es muy interesante el capítulo que dedica al asunto Vicenç Navarro en El subdesarrollo social de España, donde sostiene que en Cataluña la cuestión nacional actúa como un velo que impide discutir problemas sociales y económicas que afectan de una manera mucho más decisiva a la vida de las personas. Algo que me temo que en cierta forma el actual gobierno “de izquierdas” ha heredado de los anteriores gobiernos de CiU. En esto del doblaje del cine presiento que la administración también interviene atendiendo a imperativos simbólicos y cálculos electorales de una manera innecesaria y paternalista, al estilo del déspota ilustrado que actúa anticipándose a la demanda de la sociedad. A algunos, a muchos, les contentará la nueva ley, más quizás por su carga ideológica que por razones meramente prácticas. A otros, muchos también, les dejará indiferentes, al menos por lo que concierne a la repercusión de la misma en sus vidas. Y a las salas de cine seguramente les vendrá mal. Pero es que las elecciones autonómicas están cerca…
+Info: la noticia en El País y en Avuí
Poniéndonos serios, la política debería estar al servicio de los anhelos de los ciudadanos. Dicho de otra manera, la administración debería dedicarse a procurar que la gente tenga eficazmente resueltas sus necesidades, que obtenga lo que precisa y por tanto demanda. Esto generalmente implica obviar las cuestiones simbólicas, que a la postre son sin embargo las que con más facilidad excitan nuestras pasiones, lo que obviamente tiene mayor rendimiento electoral. Quizás haga falta recordar que muchos de los debates domésticos catalanes que más repercusión mediática han tenido últimamente poseen ese transfondo simbólico: los toros, el burka y ahora el doblaje de las películas. En cierta forma ha pasado también con mismísimo Estatut, aprobado en un referéndum en el que participó menos de la mitad del electorado. Dudo que estas sean, ni de lejos, las principales preocupaciones de las personas.
En el asunto que nos ocupa, ¿de verdad la población catalana estaba demandando con tanto ahínco cine en lengua vernácula? Porque si así fuera yo creo que el propio mercado lo evidenciaría sin necesidad de establecer cuotas o reglamentos, es decir, sin necesidad de que la administración interviniera en ello más allá de lo estrictamente necesario para garantizar una oferta que satisficiera la demanda real. Pero una vez más, y en esto los catalanes van camino de ganarnos a los vascos, lo que está en juego es la cuestión identitaria. En este sentido es muy interesante el capítulo que dedica al asunto Vicenç Navarro en El subdesarrollo social de España, donde sostiene que en Cataluña la cuestión nacional actúa como un velo que impide discutir problemas sociales y económicas que afectan de una manera mucho más decisiva a la vida de las personas. Algo que me temo que en cierta forma el actual gobierno “de izquierdas” ha heredado de los anteriores gobiernos de CiU. En esto del doblaje del cine presiento que la administración también interviene atendiendo a imperativos simbólicos y cálculos electorales de una manera innecesaria y paternalista, al estilo del déspota ilustrado que actúa anticipándose a la demanda de la sociedad. A algunos, a muchos, les contentará la nueva ley, más quizás por su carga ideológica que por razones meramente prácticas. A otros, muchos también, les dejará indiferentes, al menos por lo que concierne a la repercusión de la misma en sus vidas. Y a las salas de cine seguramente les vendrá mal. Pero es que las elecciones autonómicas están cerca…
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