GRECIA: MÁS POBREZA, MEJOR RATING

A primera vista parece una buena noticia: Standard & Poor´s sube seis escalones la calificación de la deuda griega. Es decir, el prestigio crediticio del país aunque permanece en entredicho recupera algo de credibilidad. Sin embargo la actuación de la agencia de calificación de riesgos es capciosa: resulta que Grecia mejora su nota a medida que su población se depaupera y que su gobierno usa la tijera con saña creciente. La imagen de la agencia EFE de un indigente durmiendo en la calle que acompaña a esta noticia en algunos periódicos ilustra de manera fehaciente el modelo social al que estamos abocados. No sé si los griegos deberían alegrarse por la recalificación de su deuda, lo que si sé es que las mismas agencias que con sus maniobras han contribuido a alentar la bancarrota de ciertos países demuestran con esta actuación que están dispuestas a premiar las políticas de recortes: sé bueno y te adelanto en el alfabeto del rating. ¿Quién gobierna hoy el mundo? ¿Qué tipo de sociedad propugnan los amos anónimos del nuevo universo? Da que pensar.

Nota: este artículo se ha publicado en la sección Cartas al Director de El País

+Info: la noticia en El Correo

PANFLETO A FAVOR DE LA HUELGA DEL 14-N

Muchas veces son pequeños detalles los que precipitan nuestra toma de decisiones de forma que ante un cúmulo de factores acabamos pronunciándonos en uno u otro sentido por obra y gracia de una razón en apariencia nimia que actúa como resorte final. Ante la convocatoria de huelga general del próximo miércoles 14 de noviembre siguen valiendo los mismos motivos para la movilización social que ya existían en la anterior convocatoria de marzo y que pueden resumirse en el paulatino y cada vez más indisimulado acoso al Estado de bienestar social que viene aplicando este gobierno (y que ya puso en marcha el anterior). ¿Es esto motivo suficiente para una huelga general? Sin duda lo es, para una huelga y posiblemente para mucho más. Pero a cualquier ciudadano tranquilo le surgen preguntas como, ¿pero realmente servirá para algo?, o ¿no sería mejor arrimar el hombro y aguantar un poco más en vez de poner las cosas más difíciles al país dejando de trabajar?, o ¿a ver si la huelga es incluso contraproducente por la imagen de España que se transmite al exterior?  Este y otros argumentos son los que con mayor o menor poder de convicción transmiten gobierno y empresarios como réplica a la convocatoria sindical. Así que por si alguien piensa que estos razonamientos pueden contrarrestar sus motivos para hacer huelga aquí van, a modo de sugerencia, algunas pequeñas píldoras detonantes, unos pocos resortes nimios que quizás decanten una conciencia indecisa.

Uno. El pasado sábado una mujer se tiró al vacío en Barakaldo en el mismo momento en que la comitiva judicial iba a entrar en su casa para proceder a un desahucio. Cabe recordar que desde el comienzo de esta crisis el Estado no ha cesado de prestar ayudas a esos mismos bancos que ejecutan hipotecas sin piedad y (esto es aun más paradójico) le venden al propio Estado el dinero a precio de usura. Es el segundo suicidio por parecidas causas en pocas semanas.

Dos. Esperanza Aguirre piensa que la convocatoria de este miércoles es ilegal y debería estar prohibida porque es una huelga política y como tal queda excluida de las previsiones que la legislación preconstitucional contempla para la regulación del derecho a la huelga. No es competencia de los sindicatos, puntualiza, influir en la política económica y social del gobierno democráticamente elegido, cuya obligación es responder ante los ciudadanos de los compromisos adquiridos “en forma de programa electoral”. Claro que ésta es una huelga política, todas las huelgas generales lo son, y claro que se pretende influir en las decisiones del gobierno. Pero creo que la legitimidad de la misma queda fuera de toda duda por muchas pajas mentales que la presidenta madrileña quiera hacerse sobre su presunta ilegalidad. Sin embargo lo que sí cabe cuestionar es la legitimidad de este gobierno para llevar a puerto una política económica y social que se parece bien poco a la que propugnaba el programa con el que ganó las elecciones. El pensamiento de Esperanza Aguirre pone la guinda a la política de regresión social que practica el PP, sugiriendo pautas para la mutilación de derechos políticos, un paso más en ese oscuro camino que nos puede llevar de una imperfecta democracia social a una perfecta oligocracia demagógica. En ello parece a veces que estamos inmersos.

Tres. Quizás dentro de unas semanas esto solo sea una anécdota, pues en el momento en que tendrá lugar la huelga aun no sabremos cómo van a actualizarse las pensiones para 2013. Pero la propuesta que lanzó el gobierno hace un mes podría constituir un motivo más: dado que la subida del IVA ha provocado un incremento de precios superior al previsto algún figura del entorno económico gubernamental se sacó de la manga el concepto de “IPC a impuestos constantes” con la finalidad de aplicarlo a la actualización de las pensiones. Es decir, que para calcular el incremento de las mismas se obvia el alza de precios real producido tras el incremento del IVA y se considera un ficticio IPC exento de la subida impositiva. Auténtica ingeniería fiscal que suena además a cachondeo a la cara de los millones de pensionistas que ya tiemblan por el pago de recetas.

Cuatro. Termino, como no, con nuestro siempre singular País Vasco. Aquí una vez más el eje patriótico vuelve a dividirnos y consecuentemente restar fuerza a la movilización social, toda vez que los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, STEE y algún otro) se han excluido de esta convocatoria del 14-N. Es verdad que, de una manera a mi juicio discutible y precipitada dadas las expectativas de una próxima convocatoria europea, estos sindicatos  convocaron una huelga el pasado 26 de septiembre. Pero no ha sido la proximidad de esa movilización previa el motivo esgrimido para no participar en una convocatoria que además de europea tiene el estigma de ser “española”. Un pecado capital que a la mayoría de los que consideramos que hay motivos para la protesta nos importa un pimiento, pero que debe de pesar mucho en los comisariatos políticos de estos sindicatos más atentos con frecuencia a las cuestiones político-patrióticas que socio-laborales. Ojala el miércoles haya un buen número de trabajadores dispuestos a renegar de la disciplina sindical y participar en una movilización por motivos que nos atañen a todos, independientemente de cuál sea nuestra postura ante la “cuestión nacional” vasca.

+Info: el siempre certero Vicenç Navarro ofrece en Público un buen puñado de razones para esta huelga.

AJUSTES Y RECORTES

Los ciudadanos no tenemos ni puta idea de sastrería: no comprendemos que ajustar un traje no es lo mismo que recortarlo. Como nuestras chaquetas nos quedan anchas de hombros y largas de mangas lo que hay que hacer no es “recortarlas” sino “ajustarlas”, lo que viene a consistir en poner la tela sobrante en la cintura de los pantalones para que además de llevar la chaqueta más “ajustada” nos apretemos bien el cinturón. Si es que no estamos nada puestos en corte y confección. El ministro Wert les ha comunicado  a los consejeros autonómicos de educación su nuevo modelo de sastrería contable: menos profesores, más horas lectivas por docente, más alumnos por aula, menos sustituciones… Todo para que la educación pública sea cada vez más low cost. Una de las consecuencias de esta suerte de ingeniería textil, al igual que paulatinamente ocurrirá en la sanidad, es que los usuarios con mayor poder adquisitivo irán cada vez más prescindiendo de los servicios educativos (o sanitarios) públicos para utilizar los privados. Pero en España, donde la educación privada en la práctica es educación subvencionada (a través del disparatado sistema de los colegios concertados), se va a dar la triste paradoja de que sigamos pagando con fondos públicos la docencia de los niños ricos en sus impolutos colegios-jardín mientras los hijos del vulgo se conforman con unas escuelas cada vez más infradotadas y masificadas. Hace unos años ya lo sugirieron los italianos Massimo Gardi y Edoardo Narduzzi en un premonitorio libro, El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste: el fenómeno low cost llegará a unos servicios públicos cada vez más parecidos a la antigua beneficencia reservada a los pobres. Así que mientras unos estudiarán en Zara, otros lo harán en Prada (eso sí, con ayudas del Estado, que manda huevos…).
Nota: una versión breve de este artículo se ha publicado en la sección Cartas al Director de El País

+Info: los recortes previstos en educación según El País

ALGO VA MAL

Hará como un mes me llegó un folleto de la consultora laboral Asesoriza en el que se publicitaba sin el menor rubor un curso dirigido a empresarios para sacar partido de la nueva reforma laboral. También por esas fechas TVE emitió un reportaje sobre el mundo de la industria del lujo en el que se constataba que en estos tiempos de crisis, ajustes y recortes la venta de ciertos productos y servicios de alto standing crecía de forma vertiginosa. Justo entones, con algo más de un año de retraso tras su publicación, había acabado de leer “Algo va mal” de Tony Judt, último libro publicado por el historiador británico que falleció prematuramente en 2010. El texto es una acalorada defensa de lo público, de las bondades de la acción colectiva ejecutada por los Estados democráticos a favor del bien común, entendido éste como una vida mejor para el conjunto de los ciudadanos y un consecuente estrechamiento de la desigualdad social. El diagnóstico de Judt es desalentador: los progresos logrados tras la Segunda Guerra Mundial (New Deal, Estado del Bienestar, socialdemocracia europea…) se vienen desmoronando inexorablemente desde los años 80, de manera aun más acelerada en la última década al albur de la crisis financiera que justifica sin apenas contestación la reducción del gasto público. Quizás el libro peque de una visión excesivamente optimista sobre las mejoras sociales de los años 50-70 del pasado siglo, especialmente si la experiencia personal de uno toma como referencia lo que ocurría en España, donde nuestra aproximación al Estado del Bienestar empezó a construirse en los años 80, precisamente cuando en el mundo anglosajón de Judt llegaban los recortes (eras Reagan en USA y Thatcher en el Reino Unido). Pero con independencia de esta perspectiva acusadamente anglocéntrica, el libro contiene un mensaje para todos aquellos que se dediquen a hacer política en cualquier lugar del mundo: la necesidad de que, al programar la acción del Estado, prevalezcan las consideraciones morales por encima de las consideraciones basadas exclusivamente en el principio de la eficiencia económica. Solo así la acción de gobierno puede asegurar una mejora de las condiciones de vida de la gente.

Volvamos al folleto de Asesoriza y al reportaje de TVE, a la insensibilidad con la que los consultores del curso para empresarios sugieren tratar a los empleados o a la impudicia de la que hacen gala los super-ricos que no se enteran de la crisis. De manera complementaria ambos ponen de manifiesto la cada vez más acusada tendencia centrífuga de la escala social: los graves (los asalariados, las clases medias, los pobres) van para abajo mientras los agudos (los privilegiados, los ricos) van para arriba. Es difícil dilucidar cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto de la pendiente por la que parece que nos vamos a seguir deslizando la mayoría, pero al pensar en las políticas de estos últimos años y en las formas en que se manifiestan quienes de ellas parecen beneficiarse (los empresarios que aplicarán las sugerencias de Asesoriza, los millonarios que gastan hoy más que ayer y menos que mañana) me viene a la mente la conclusión esencial del libro de Tony Judt: en la toma de decisiones políticas ha pesado mucho más el canon de la eficiencia económica que las condiciones de vida de las personas. La economía se ha impuesto a la ética, el tener al ser. Llegados a este punto creo que la gran consigna de la izquierda debería ser la apuesta por la recuperación del ideal moral del bien común. Pero, ¿todavía estamos dispuestos a luchar por ello? De momento, y bajando a la arena terrenal de nuestro entorno, creo que hay motivos para la huelga del 29 de marzo. Motivos morales.

+Info: sobre el libro de Tony Judt. Una explicación prolija sobre los efectos de la reforma laboral en Attac TV.

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO : DOCENTES NO MUY DECENTES (O AL MENOS POCO CONSECUENTES)

Esta semana el sindicato UGT ha difundido las cifras de participación del personal de la Universidad el País Vasco (UPV/EHU) en la huelga del pasado 27 de enero contra el recorte de las pensiones. Ateniéndonos a los datos facilitados por el Rectorado, secundaron la huelga 184 trabajadores (un 10,03 %) del personal de administración y servicios (PAS) y 31 profesores (un 0,58 % del total de la plantilla docente). Al hacer públicas estas cifras la UGT pretende seguramente resaltar la escasa participación en una convocatoria en la que no tomó parte (los sindicatos convocantes eran LAB, ELA, STEE y algún otro sindicato nacionalista). Yo, que por distintos motivos no secundé la huelga, siento sincero respeto por los que sí lo hicieron y además comparto con ellos el convencimiento de que existen motivos para la movilización social. Precisamente por esto mismo creo que las cifras de participación del personal docente (PDI) en la UPV/EHU merecen un comentario más detenido, aunque seguramente por razones distintas de las que UGT ha querido resaltar al hacerlas públicas.

Para empezar hay que aclarar algunos pormenores. En la UPV/EHU, como en todas las universidades españolas, nos regimos mediante un sistema de organización autodenominado estamental, igual que en la Edad Media. Esto, que para ciertas cuestiones puede tener razón de ser, comporta numerosas paradojas que casan muy mal con la pretendida cultura democrática e igualitarista que supuestamente inspira el funcionamiento de esta institución. Como por ejemplo el hecho de que existen dos categorías de trabajadores, con sus propios escalafones y con condiciones laborales absolutamente distintas: el personal docente (PDI) y el de administración y servicios (PAS). Para estos existe un sistema de control de asistencia y permanencia en el puesto de trabajo (la clásica ficha que hoy en día es electrónica), cosa que no existe para los segundos. No es mi intención entrar a discutir esta cuestión que, como PAS, tengo asumida desde hace años. Lo que ahora me importa es destacar lo que sucede cada vez que se convoca una huelga, especialmente una huelga general (y por tanto política). Para el PAS, como ya se ha dicho, existe un sistema electrónico de control de asistencia que permite verificar la participación en la huelga: es decir, si uno no acude a su puesto de trabajo y no aporta ninguna justificación (el abanico de estas es muy variado) puede inferirse que ha participado en la convocatoria, independientemente de si lo hubiera manifestado expresamente. Con el profesorado no existe un sistema análogo, así que cada vez que se produce una convocatoria de huelga las autoridades académicas remiten un escrito en el que exhortan a los eventuales participantes a reconocerlo expresamente en caso de que hayan participado en la misma. Como es lógico, tanto para unos como para otros (PAS y PDI) secundar la convocatoria puede acarrear el consecuente descuento en sus nóminas.

Como se ve por los datos que arriba se indican, en la huelga del pasado 27 de enero, solo 31 profesores de un total de 5316 reconocieron haber secundado la convocatoria de los sindicatos nacionalistas. Cabe señalar que en las últimas elecciones sindicales (2007) los sindicatos convocantes de la huelga obtuvieron 757 votos entre el profesorado. Aun admitiendo que una parte importante de esos votantes no deseara tomar parte en la huelga, ¿no es un 4 % (31 de entre 757) un porcentaje de fidelidad sindical sospechosamente raquítico? Con seguridad la participación “de boquilla” habrá sido mucho mayor pero la expresamente reconocida ya se ve en qué se queda. En otras ocasiones esta cuestión ya había suscitado controversia: sostenían los docentes que a santo de qué les van a obligar a autoinculparse de la participación en una huelga, que si el Rectorado no tenía medios para comprobar la asistencia de los docentes a sus puestos no era problema de los trabajadores. A mi estos argumentos, disfrazados de una suerte de “insumisión” me suenan a puro y duro escaqueo. Al fin y al cabo si un trabajador hace huelga es precisamente para que se note y se sepa. La eventual reducción que esto suponga para la nómina no hace sino otorgar mayor legitimidad a la reivindicación del trabajador, dispuesto a asumir ese perjuicio. Esta forma de pensar es, como se ve, residual entre el PDI de la UPV/EHU. El rectorado lo debe de saber tan bien que ya ni tan siquiera se preocupa de ordenar a la sección de nóminas los descuentos retributitos para los “heroicos” autoinculpados (y la verdad es que tendría narices).

En fin, lo más escandaloso de todo este circo es que las últimas huelgas han ido acompañadas de encendidas soflamas y retóricas adhesiones. Esto habría estado muy bien si las cifras de participación hubieran concordado con la dialéctica que desplegaron las centrales sindicales. Pero se ve que no ha sido así y lo que han hecho los sindicatos es sencillamente callarse, pasarlo por alto, puesto que esta negativa a reconocer expresamente la adhesión del PDI cuenta con la absoluta connivencia de los convocantes. Así que el fervor huelguista, a los docentes se les supone como a los soldados el valor. El fenómeno forma parte de esa idiosincrasia picaresca tan española (je, tiene gracia la filiación) que nos lleva a considerar meros tontos a los que por fidelidad a una causa están dispuestos a que les toquen la cartera. En el último caso han sido, en tendencia sospecho que acusadamente decreciente, tan solo 31 tontos. Sencillamente patético.

+Info: información sindical en la Web de la Universidad el País Vasco

JOVENES PARADOS Y TRABAJADORES VIEJOS (PENSIONES BULIMICAS)

El escritor alemán H. M. Enzensberger sugirió a principios de los noventa que las sociedades ricas occidentales sufren de "bulimia demográfica": por una parte exigen un constante suministro de mano de obra (especialmente para aquellas tareas que los nativos van rechazando), mientras al mismo tiempo idean trabas para frenar el flujo migratorio. El conglomerado que forman el mercado de trabajo y el sistema de seguridad social va camino de adquirir esa misma condición bulímica: necesita dar entrada a nueva mano de obra joven y rebajar la edad media de las plantillas, pero simultáneamente la inminente reforma del sistema de pensiones mantendrá a los trabajadores más años en sus puestos, lo que tapona la entrada de nuevos asalariados jóvenes y eleva la edad media de los empleados. Así, el mercado laboral pide alimento, pero el sistema de pensiones quiere adelgazar, con lo cual tendremos plantillas envejecidas y más paro juvenil. Hoy resulta difícil sostener la inviabilidad demográfica del sistema de pensiones en un país con una tasa de desempleo superior al 20%, todo un contingente de potenciales cotizantes que por ahora son tan perceptores como los jubilados. Pero la solución que nos proponen para el envejecimiento demográfico es de naturaleza maltusiana, como si estuviéramos en el siglo XIX: puesto que la población pensionista crece más que los recursos disponibles para sostenerla (las cotizaciones), hagamos que disminuya el número de jubilados. Es evidente que la alternativa sería incrementar los recursos necesarios para el sostenimiento de una población perceptora creciente. Esta opción requiere cambios profundos en el sistema de financiación de las pensiones, en el sistema fiscal y también en un sistema productivo incapaz de ocupar a toda la población activa. Pero no se va a hacer. Y en el futuro, si nadie lo remedia, tendremos sociedades bulímicas, plenas de jóvenes parados y trabajadores viejos. Sociedades más enfermas y, posiblemente, más conflictivas.

Nota: este artículo se ha publicado en la sección Cartas al Director de El País.

+Info: la cuestión de las pensiones ha suscitado en los últimos meses gran controversia e ingente literatura. En la línea que aquí se defiende recomendamos un reciente artículo de Vicenç Navarro, uno de los economistas que con más solvencia está refutando las tesis liberales sobre la reforma de las pensiones, actualmente predominantes y asumidas por el gobierno de Zapatero.

POLITICA FISCAL, CRISIS E IGUALDAD SOCIAL

Tras los recortes decididos la semana pasada para reducir el gasto del Estado ahora el gobierno de Zapatero anuncia su intención de abordar una suerte de reforma fiscal para incrementar los ingresos. En realidad hace tiempo que ya se había anunciado la inminente subida del IVA, que como impuesto indirecto repercute por igual en todos los bolsillos y consecuentemente afecta más a quién menos tiene. También habíamos experimentado desde comienzo del presente año un aumento de las retenciones practicadas mensualmente a nuestras nóminas, de forma que los asalariados ya llevamos unos cuantos meses acuciados por un leve pero innegable aumento de la presión fiscal. La nueva propuesta lanzada al aire con poca concreción sugiere que en un futuro próximo se les van a subir los impuestos a los ricos de verdad. De momento y de un modo muy vago Zapatero ha sugerido que la frontera está en la mágica cifra de 60.000 euros de ingresos anuales, lo que vendría a ser 10 millones de las antiguas pesetas. La intención sería buena si viniera acompaña de medidas que posibilitaran una verdadera reforma fiscal en este país, pero me temo mucho que todo se va a quedar en agua de borrajas: estamos muy lejos de empezar a parecernos a los países escandinavos. ¿Por qué?
Para empezar, deberíamos asumir que queremos una sociedad más igualitaria y que consideramos que el Estado tiene que ser el principal garante de esa aspiración mediante una redistribución de la riqueza, para que todos los que la producen la disfruten de una manera más equitativa. Aunque esta premisa está en la letra de cualquier programa socialista de momento ningún gobierno la ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias. Pero lo llamativo no es esto, sino que seguramente a una parte importante de la sociedad ni tan siquiera le parece una meta deseable. Bien porque desconfía del Estado pues lo considera técnicamente incapacitado o éticamente deslegitimado para intervenir de la manera radical que una política igualitarista requeriría, bien porque sencillamente la igualdad social no casa con sus aspiraciones (posibilidad ilimitada de enriquecimiento, consumismo sin cortapisas, amplias opciones de incremento del patrimonio personal…). Así opinan los que conforman el imaginario económico colectivo en consonancia con el pensamiento del establishment financiero internacional y aunque simplistamente solemos identificarlos con la banca y el gran empresariado, hay toda una gran masa social de variada extracción que participa de ese mismo ideario. No creo que el actual gobierno, y qué decir del que casi con seguridad nos viene, vaya a osar poner en práctica una política fiscal que desaire a este sector, menos aun cuando parece que el propio gobierno empieza a estar contagiado de su diagnóstico sobre los males que padecemos y las recetas para sanarlos.
Pero aunque la propia sociedad manifestara de alguna manera su preferencia por un intervencionismo estatal más decidido, con una política fiscal verdaderamente progresiva y progresista, aunque algún gobierno llegara a convencerse sinceramente de que esta “revolución” es posible creo que es difícil que pudiera aplicarla con verdadera eficacia. Este país es el paraíso de los billetes de 500 euros, paradójica y sintomática peculiaridad que dice mucho de cómo funciona la actividad económica en España. Podrá llegar a fiscalizarse como se considere oportuno a los contribuyentes con más de 60.000 euros de ingresos declarados pero poco va a importar. Porque seguramente son muchos más los que con ingresos sensiblemente superiores a esa cifra figuran en las estadísticas de Hacienda como modestos contribuyentes que apenas ingresan lo que un sencillo asalariado, pese a que se les pueda ver llegar conduciendo un Audi a los aparcamientos de los restaurantes de lujo. No se trata solo de conseguir que 1.000 o 2.000 super-ricos cumplan con sus obligaciones fiscales (ahora incluso endurecidas). Esto es muy vistoso pero relativamente poco significativo para las arcas de un Estado que año tras año contempla impotente como un porcentaje importante de la población esconde una buena porción de sus ingresos para evitar tributar por los mismos. Y esto seguiría siendo así por mucho que Hacienda perfeccionara sus métodos de inspección, sencillamente porque la mentalidad social sigue considerando que es legítimo, porque no tenemos verdadero espíritu cívico colectivo, porque los que lo hacen piensan que realmente a nadie le perjudican y tienen sobrada justificación para hacerlo y además porque cualquiera que pudiera hacerlo lo haría.
Se ha dicho que en la crisis financiera tienen capital importancia los factores psicológicos, la confianza o la desconfianza con la que actúan y toman sus decisiones los agentes de la economía (las personas como consumidores o ahorradores, las entidades financieras, los inversores…). En la perpetuación de nuestros usos tributarios también tienen gran peso los factores psicológicos: sobre todo la pervivencia de una mentalidad poco proclive a la participación cívica que tiene mucho que ver con la falta de tradición democrática y con la persistencia de tics propios del período franquista. Contra esto, por muy buena voluntad que se tenga, es difícil luchar. Si además no se tiene voluntad…

+Info: sobre la propuesta del gobierno en El País y en El Confidencial

EL CIRCO SINDICAL VASCO

Como es bien sabido, el Gobierno Central ha propuesto una serie de medidas para ahorrar gasto entre las que se encuentra el tan comentado recorte y congelación de los salarios de los empleados públicos. Ante esta decisión, aun pendiente de concretarse y matizarse, UGT y CCOO han reaccionado convocando una huelga para el 8 de junio (inicialmente se había pensado en el día 2 pero finalmente se ha retrasado). No pretendo entrar ahora en si las medidas del gobierno son o no adecuadas ni en si la respuesta conveniente es una huelga en el sector público. Personalmente creo que Zapatero se ha dejado convencer muy rápidamente por las recetas del sistema financiero aunque también pienso que seguramente tenía poco margen de maniobra, toda vez que ya estamos metidos hasta las cejas en ese mismo sistema que es claramente el que impone las reglas del juego. Pero dejemos para otra vez las disquisiciones sobre esta cuestión, sobre la que no me siento capacitado para opinar con suficiente solvencia y originalidad, y vayamos a otros detalles colaterales. Como por ejemplo la pintoresca reacción de la autodenominada “mayoría sindical vasca”. Ya se ha hablado en otro lugar de este mismo blog sobre las peculiaridades a las que nos aboca nuestro sistema sindical, cada vez más politizado y pendiente de la cuestión nacional que de la reivindicación laboral stricto sensu. Ahora, ya casi sin causarle sorpresa a nadie, la coalición sindical abertzale (ELA, LAB, STEE y algún otro) ha convocado a sus huestes para el 25 de mayo, casi sin ni tan siquiera pararse a mirar lo que hacían sus “compañeros” de UGT Y CCOO, como si ya unos y otros hubieran asumido que viven en mundos diferentes. Y así de nuevo las soflamas se difunden hacia uno y otro lado del eje patriótico para que la audiencia, dramáticamente partida en dos, acoja la convocatoria que mejor se acomode a su espíritu nacional, vasco o español. Si uno se siente euskaldun por encima de todo, secundará la huelga el 25 de mayo, pero si su corazoncito se siente vinculado al resto de España (o hasta del estado español) parará el día 8 de junio.
A mayor abundamiento, hay que recordar que ese mismo día 25 de mayo los mismos sindicatos abertzales mantienen una convocatoria de huelga en la enseñanza pública de la que se han desvinculado UGT y CCOO. De nuevo los posicionamientos van a pasar por el eje identitario. Pero lo más llamativo de todo esto, dejando a un lado la envergadura de las razones que sustenten la convocatoria, es que la coincidencia de fechas no es inocente. Con esta jugada los sindicatos nacionalistas consiguen dos objetivos: uno, proporcionar un nuevo argumento (el recorte salarial de Zapatero) a los docentes que dudaran sobre si participar o no en una huelga que se planteó por otras cuestiones. Dos, maquillar con la participación del personal de la enseñanza (ahora movilizado por un abanico variado de razones) la eventual desmovilización del resto de los funcionarios.
Conclusión: los resortes que mueven la actividad de los sindicatos en este país (y señaladamente la de los sindicatos abertzales) tienen mucho más que ver con la escenificación del poderío sindical que con las razones expresas que supuestamente motivan las movilizaciones. En última instancia la verdadera tramoya de este circo está constituida por la maquinaria identitaria, que es en definitiva lo que mueve el mundo en este pequeño rincón de Europa que es Euskadi. Un asco, vamos.

+Info: la huelga del 8 de junio en El País, la convocatoria abertzale en el sector público (El Diario Vasco) y la huelga de la enseñanza según Gara

EMPLEADAS DE HOGAR

La vida nos da múltiples ocasiones para comprobar la doble moral que todos en cierta medida practicamos. El comportamiento que algunos mantienen en relación con los servicios domésticos es una de esas facetas de nuestro mundo en la que más de uno y más de dos “revolucionarios verbales” se olvidan de ser consecuentes y dejan de aplicarse a sí mismos el cuento que para otros exigen: lo que viene siendo doble moral, vamos. Lo cuento porque ahora parece que el gobierno se está planteando una tímida modificación de las condiciones por las que se rige la relación laboral entre las empleadas de hogar (bueno, algún empleado habrá) y los hogares contratantes. La normativa todavía vigente para este tipo de contratos mantiene residuos de índole casi servil, como la posibilidad de que el empleador detraiga hasta un 45% de la retribución de la empleada en concepto de manutención y alojamiento, aunque la condición de vivir y comer en su casa la imponga el propio empleador. Esta y otras condiciones demuestran que el trabajo en el hogar es considerado un empleo de baja categoría, casi un subempleo, cuando resulta que es un sector estratégico del que en buena medida depende la vida cotidiana de millones de familias con niños pequeños, ancianos y personas enfermas o minusválidas. Es justo por tanto que las condiciones laborales de las empleadas de hogar se equiparen a las del resto de los trabajadores por cuenta ajena. Lo que ocurre es que la aplicación de la norma necesariamente va a destapar miles de casos de subempleo encubierto: empleadas por las que no se cotiza a la Seguridad Social, con menos vacaciones de las reglamentarias, con salarios que no alcanzan el mínimo legal o incluso, seguramente, casos de semi-esclvitud en los que el acogimiento en una casa lleva implícitas condiciones más bien propias de la servidumbre decimonónica al estilo de aquella serie inglesa, “Arriba y abajo”. Lo paradójico, y por eso empezaba hablando de la doble moral, es que muchas veces los empleadores son personas de ideas supuestamente progresistas, al menos de boquilla, a las que les “duele” la explotación ajena, aunque parece que les duele aun más rascarse el bolsillo para pagar justamente un servicio que necesitan (claro, es que igual en caso contrario tendrían que renunciar a sus escapadas para esquiar…).
+Info: la propuesta del gobierno tal y como la cuenta El País

21 DE MAYO, HUELGA EN EUSKADI

No es pretensión de esta columna, de tan limitada difusión, analizar pormenorizadamente los motivos y las condiciones en las que se desarrolló la huelga del pasado 21 de mayo en el País Vasco y Navarra, un episodio más en la larga historia de nuestro “hecho diferencial”. Para quién quiera opiniones solventes y atinadas sobre porqué acabó celebrándose pueden valer los artículos que han publicado Kepa Aulestia en El Correo (1) o Emilio Alfaro en El País (2) y (3). Yo coincido plenamente con ellos en una cuestión: detrás de la convocatoria y más allá de los motivos esgrimidos se encuentra la voluntad de exhibir el poderío sindical por parte de ELA. Otro asunto profusamente traído durante estos días es el carácter político de la convocatoria: por mucho que los sindicatos se empeñen en desvincularla de la elección de un lehendakari no nacionalista, a buena parte de la población no se le quita la mosca de detrás de la oreja. Y ello porque, como ocurre en la política, el eje patriótico es el que verdaderamente vertebra la actividad sindical. Estas dos cuestiones (la falta de un motivo “tangible” y la instrumentalización política de signo soberanista) explican en buena medida el fracaso de una huelga que, por mucho que sus convocantes se empeñen de soslayarlo, ha quedado muy lejos de sus expectativas.
Aquí me gustaría comentar algo más extensamente otros dos aspectos del desarrollo de esta huelga. Primero, el peligro que para sindicatos hasta ahora desvinculados de los métodos coercitivos que suele utilizar la izquierda abertzale en sus convocatorias puede suponer arrimarse a quienes no dudan en la amenaza mafiosa para paralizar el país. Ya sabemos que es usual en todo tipo de huelgas recurrir a piquetes intimidatorios, pero la perfección del sistema de amedrentamiento que en muchos barrios y pueblos ha alcanzado la izquierda abertzale es proverbial y se ha vuelto a poner de manifiesto en esta huelga, al menos en algunos lugares del país. En este sentido, pese a que el miedo es libre, no deja de sorprenderme la naturalidad con la que la población acepta que comercios, hostelería y en general negocios a pie de calle cierren “por cojones”, sin importar la voluntad de quienes en ellos trabajan. Y sobre todo no puedo dar crédito de la satisfacción con la que los convocantes contemplan esa alteración de la vida ciudadana que, ellos lo saben bien, es fruto exclusivo del amedrentamiento. Aquí está visto que el fin justifica los medios y esa visualización de paralización de la vida cotidiana que se escenifica en muchos barrios y pueblos al parecer merece la pena por muy coercitiva que se sepa. Prestarse a ese juego por parte de quienes siempre han rechazado expresamente el uso de la violencia (ELA, STEE, etc.) es peligroso y puede volverse contra ellos perjudicando su imagen pública.
Otra segunda cuestión es el tratamiento informativo de la televisión pública vasca. Una cosa es que los trabajadores de EITB se posicionaran mayoritariamente a favor de la huelga, y otra muy distinta que una televisión pública ofrezca en su informativo de la noche un auténtico publirreportaje de la huelga acompañado de sentidos comentarios sobre la valentía y solidaridad que han demostrado los seguidores de la convocatoria. Sinceramente, me llegó al alma la encendida glosa de un periodista que vino a decir que solo el comprensible miedo a perder su trabajo explica que muchos trabajadores no hubieran secundado la huelga. Puede que en ciertos casos fuera así pero no me cabe duda de que aun mayor fue el número de personas que no pudo trabajar porque los piquetes se lo impidieron, cuestión sobre la que curiosamente la televisión pública pasó por encima. No es de recibo que la televisión de todos informe con simpatía manifiesta hacia una parte, especialmente cuando en el caso que nos ocupa (la huelga del 21-M) la propia convocatoria era parcial (solo nacionalista) y el seguimiento, como se ha visto, muy limitado, mucho más seguramente de lo que ciertos periodistas de la EITB deseaban. En las actuales circunstancias de cambio de gobierno, lo que seguramente comportará algún tipo de reorientación editorial, persistir en ese tratamiento informativo sesgado que el ente público ha mantenido durante décadas parece un canto de sirena al más puro estilo “Urdaci” en los últimos tiempos de la TVE del PP.
Mención aparte merece la muy comentada y ridícula actitud de Eusko Alkartasuna, cuya cúpula apoyó la convocatoria. Curioso que el partido que ocupa el departamento de hacienda en la Diputación de Gipuzkoa y que ha dirigido el de empleo en el Gobierno Vasco hasta hace solo unas semanas dé cobertura a una huelga convocada, entre otros motivos expresos, por las políticas fiscales y de empleo. Ya veremos qué factura le pasa esta última fantochada a una formación que está al borde de su desaparición. Por lo demás solo me gustaría añadir que trasladar a la calle convocatorias frentistas es peligroso y fomenta el riesgo de la confrontación civil. Digan lo que digan los sindicatos huelguistas, esta convocatoria iba tanto contra los gobiernos y la patronal (un motivo aunque vago expreso) como contra los sindicatos excluidos (esto no se dijo, por supuesto), quizás como prolegómeno a un nuevo proceso al estilo de Lizarra tan ansiado por no pocos nacionalistas. Y si eso no es frentismo… Esta traslación a la calle de la confrontación política lleva décadas practicándola la izquierda abertzale “auténtica”, pero de momento otras organizaciones sociales del ámbito nacionalista no habían entrado en ese peligroso juego, al menos no con tanta contundencia. Esperemos que la presencia en Lakua de un gobierno socialista no abone esta arriesgada deriva en el mundo de las organizaciones abertzales no violentas. Por el momento y afortunadamente, la población en general suele mostrar mucho más temple del que desprenden las soflamas de los líderes políticos y sindicales.

+ Info: valoración de la huelga por parte de ELA (por lo que repecta a mi empresa doy fe de que los datos son una fantochada, así que mírense en general con cautela). La noticia el día siguiente en Público y en Gara.